LAS MÁS DE 40 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES, QUE CONTARON CON EL RESPALDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA AUDITORÍA GENERAL PORTEÑAS, EXTENDIERON A 25.872 PERSONAS EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ESTÁN “EN RIESGO”.
Entre las personas censadas, el 23 por ciento dijo que el año pasado no estaba en situación de calle. Así, el cuadro es mucho más grave que lo reflejado año tras año por el relevamiento del régimen fascista porteño, que entre 2011 y 2016 osciló entre 850 y 900, y que en 2017 arrojó un aumento del 20 por ciento, alcanzando a 1066 personas según las cifras difundidas por el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach.
El censo popular reveló que la Comuna 1 -Montserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo- concentra la mayor cantidad de personas durmiendo en las calles, con un total de 1239. O sea, el relevamiento solo en la Comuna 1 supera el realizado por el régimen porteño en toda la ciudad. La comuna 10 -Versalles, Floresta, y Villa Luro- es la que le sigue, con 468 personas en situación de calle. Luego se ubica la comuna 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya-, donde 440 personas no tienen techo. Entre las personas relevadas, el 62 por ciento son porteños; el 25 por ciento proviene de otras provincias argentinas y solo el 12 por ciento de países limítrofes.
Las organizaciones señalaron que el número se eleva a 5872 si se cuentan las personas que duermen en los paradores e institutos que ofrece la ciudad de Buenos Aires para no dormir a la intemperie.
El censo extiende a 25.872 personas el número de ciudadanos que están “en riesgo a la situación de calle”.
“Se puede tener distintos criterios metodológicos, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad. El año que viene, cuando volvamos a difundir el censo, espero que las políticas que se estén aplicando mejoren la situación de las personas en situación de calle”, advirtió el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, durante la presentación del informe.
En el mismo tono se expresó Claudia Enrinch, de Ciudad Sin Techo. “A partir de ahora, y de acuerdo a la ley, una vez censada la realidad de las personas en situación de calle, nos debemos sentar en una mesa de trabajo para establecer políticas públicas”, sostuvo y agregó que esas políticas deben contar con “presupuesto” y un plan de prevención. “Tenemos que sentarnos quienes trabajamos en la cancha y quienes tienen el poder de las decisiones”, reclamó.
El relevamiento consideró en situación de riesgo a las mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, casas recuperadas u hoteles y pensiones alcanzadas por el decreto 690, que contemplaba un subsidio de 1800 pesos hasta diciembre de 2016, cuando se ajustó a 4 mil pesos, en el marco del programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, denunciado por insuficiente por la Defensoría del Pueblo el año pasado.
“El 690 es un paliativo, tenemos que hablar de derechos. En la actualidad, estamos discutiendo con el Ministerio de Desarrollo Social las pensiones por discapacidad, acá nos encontramos ante la misma situación”, ejemplificó Amor.
Voluntarios de todas las organizaciones participantes hicieron un barrido territorial durante tres meses que permitió realizar un muestreo completo de los barrios porteños. Cada zona fue recorrida dos veces, una por la mañana y otra por la noche, un día laboral y otro del fin de semana. La metodología del primer censo popular -que ordena la Ley de Protección de personas en riegos y en situación de calle votada en 2010- dista mucho del relevamiento realizado en 2016 por la subsecretaría encabezada por Corach, que duró tres horas, en un día con lluvia.
Otro dato relevante del censo, fue que el 23 por ciento de las personas indicó que un año atrás no vivía en la calle, lo que pone de relieve las situaciones de riesgo frente a la crisi económica. El defensor del Pueblo puso dos ejemplos durante la presentación del informe: el de una persona oriunda del oeste del conurbano, que prefería dormir de lunes a viernes en las calles porteñas porque “en su trabajo cobra el mínimo del convenio y los viajes de ida y vuelta significan un ingreso mínimo más para su familia” y la situación de jóvenes con adicciones que viven en “ranchadas”. “Nos obliga como funcionarios públicos a tener la decisión política de resolver los problemas”, sentenció.
El 60 por ciento de las personas indicaron que viven en las calle desde hace más de tres años. Al momento de señalar las razones de la situación que los expulsó a la calle, los encuestados indicaron que se debió a problemas intrafamiliares (43 por ciento), que fueron empujados por la situación económica (39 por ciento) y por la falta de contención ante la problemáticas del consumo drogas (10 por ciento).
Fuente: nota de Nahuel Lag para Página/12
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