jueves, 28 de diciembre de 2017

El genocida Etchecolatz pasará fin de año en su casa de Mar del Plata

MIGUEL ETCHECOLATZ FINALMENTE CONTINUARÁ CUMPLIENDO LAS VARIAS CONDENAS QUE RECIBIÓ POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SU CASA DE MAR DEL PLATA LUEGO DE QUE EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL Nº 6, QUE LO ESTÁ JUZGANDO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROS CLANDESTINOS LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LE OTORGARA EL BENEFICIO DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA POR CUESTIONES DE SALUD.

Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero habilitaron el beneficio a Etchecolatz en base a que el ex jerarca de la Policía Bonaerense durante la última dictadura cívico militar no solo “supera holgadamente” el límite de edad que impone la ley para solicitarlo (tiene 88 años). Además, tuvieron en cuenta “la existencia de un delicado cuadro de salud” en “progresivo deterioro”

Por último, mencionaron que su presencia en el hospital del penal de Ezeiza le provoca al múltiple condenado “el plausible riesgo de contraer nuevas enfermedades que incidan negativamente en su perjuicio”.

Así como acumuló investigaciones en su contra y condenas por su participación en secuestros, torturas y asesinatos, Etchecolatz también acumuló, hasta ahora, sucesivos rechazos a sus pedidos de prisión domiciliaria en cada una de las causas que lo involucran.

En el fallo que ayer aprobó su prisión domiciliaria, el TOF 6 que lo juzga desde octubre pasado por los crímenes cometidos en la comisaría de Monte Grande y en el centro clandestino que funcionó en División Cuatrerismo, le prohibió “que se ausente del domicilio bajo apercibimiento de revocar” el beneficio -solo podrá abandonar la casa por urgencias médicas-, así como la “tenencia de armas de cualquier tipo”

Esta última aclaración cobra especial importancia en el caso de Etchecolatz, quien en 2006 perdió el mismo beneficio luego de que un grupo de jóvenes que lo habían escrachado mientras gozaba de la prisión domiciliaria en la casa a la que volverá en los próximos días lo denunciara por haberlos amenazado con un arma.

Por Ailín Bullentini para Página/12

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